por FECON
En Costa Rica estamos viviendo una conflictividad que va en aumento, debido a disputas territoriales y por recursos estratégicos. Según datos del Estado de la Nación, 2014 fue el año con mayor número de acciones colectivas en temática ambiental desde 1994 -año en que se empezó a llevar registro-. Durante 2014 se dieron 57 acciones; mientras en 2015 se llevaron a cabo 50, lo cual aún representa un número alto. En 2016 la cifra de acciones colectivas por conflictos ambientales volvió a aumentar -a 51-.
Un 15,8% de las acciones colectivas totales registradas en el 2016 fueron por temas ambientales; mientras en 1994 este porcentaje era de apenas un 1,8%. Esto evidencia que la conflictividad socioambiental está generando mayores movilizaciones que temas como la seguridad social o la vivienda.
Las cifras muestran que el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), 2014-2018, batió los récords históricos de conflictividad del país, ya que ésta fue mayor que en el gobierno de Laura Chinchilla,que en el de Óscar Arias y que en cualquier otro gobierno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Según el Estado de la Nación el Gobiernode Carlos Alvarado acumula más protesta social desde el Combo del ICE. La Administración Alvarado siguió el patrón registrado por el Gobierno pasado, profundizando el modelo neoliberal sobre los bienes comunes y ha tenido en esencia el mismo manejo de la conflictividad socio ambiental que los gobiernos anteriores.
Por estar basados en lo que reportan los medios y empresas de comunicación, estos registros muestran sólo una parte del fenómeno de la conflictividad. Esta conflictividad va tornándose en un círculo de violencia y criminalización contra las personas activistas, que involucra prácticas de estigmatización, judicialización, acoso, torturas, amenazas de muerte y, finalmente, acciones directas contra las personas. En muchos casos se transforma en un ciclo, pues si bien no es lineal, tiene un patrón que inicia con la desacreditación y el acoso, pasa a las demandas o a la judicialización, se convierte en acción directa en forma de amenazas o atentados, y finalmente puede llegar al asesinato.
Todo este ciclo fatídico se da en un marco de impunidad, que permite que se vuelva a repetir y se multiplique. Por esta razón las y los activistas considermos que todavía se puede revertir esta tendencia; crear condiciones para investigar estos y muchos otros casos; y ponerle punto final a la impunidad que alimenta estas formas de violencia.
Los informes del Proyecto Estado de la Nación han señalado la responsabilidad del Estado como principal generador de disputas y conflictos; es decir, pasó de mediar a promover conflictos socioambientales, ya sea por omisión, ineficiencia, falta de institucionalidad o, más directamente, por las políticas neoliberales predominantes en las últimas décadas. El modelo de desarrollo neoliberal actual genera automáticamente intolerancia hacia los que defienden la vida y los bienes comunes de la apropiación trasnacional y privada. Esta intolerancia se está materializando en un discurso, repetido en la prensa comercial y en las redes sociales, que busca descalificar y desprestigiar a un movimiento socio ambiental cada vez más necesario, legítimo y amplio. Se repite la imagen del activista como una persona violenta, radical y que se dedica a oponerse a todo, creando una generalización que busca que la gente sea insensible a los hechos de violencia y hasta los llegue a justificar.
El presente libro es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras. La base principal de información fue recopilada en un archivo de la Federación Costarricense para la Conservacíón de la Naturaleza (FECON) y ha sido utilizado para la denuncia, la presentación a instancias como Defensoría de los Habitantes, Asamblea Legislativa, Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas (PNUD), medios de comunicación, personas investigadoras y público en general.
En los registros se consignaron ataques y demandas a guardaparques y personas funcionarias públicas como jueces, periodistas que cubren medio ambiente y docentes. Este texto se apoya también en algunos testimonios del Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores Ambientales, realizado en octubre de 2017.
Al texto se le escaparán algunos casos sub-registrados o desconocidos; en algunos faltan fechas o datos pues es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos. Aun con esas salvedades, 94 hechos de violencia juntos y sistematizados demuestran que no son casos aislados y que hay una grave contradicción del discurso ambientalista oficial entre lo que se dice y se esconde.
Por otro lado, es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.
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